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20 de Noviembre de 2017

Ministro de Justicia y DD.HH. firma protocolos entre servicios para facilitar atención de niños en Antofagasta

Los convenios tienen como objetivo mejorar la atención de salud de los niños y su acceso a prestaciones judiciales.

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Dos importantes convenios de colaboración firmaron el Servicio Nacional de Menores de la Región de Antofagasta con la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta (Cajta) y con el Servicio de Salud de la región, ambos tendientes a mejorar los accesos a la justicia y a prestaciones de salud de los niños, niñas y adolescentes de la red Sename.

La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, quien destacó la iniciativa destacando la intersectorialidad como fundamental para el trabajo de intervención, ya que “solo en la medida que todas las instituciones del Estado intervengan, en esta visión multisistémica, podemos decir realmente que estamos trabajando en el sentido correcto. Lo que hoy está ocurriendo en Antofagasta es la constatación de que esta nueva visión, este nuevo modelo, que esta nueva forma de intervenir a la infancia vulnerada se está concretando”.

La directora regional (s) de Sename, Bianca Matamoros, expresó que “como servicio sabemos que no podemos solos y que el trabajo intersectorial es fundamental (…) La firma de este convenio significa encarnar el ideal de un estado protector, que a través de sus diferentes instituciones entrega respuestas adecuadas y a tiempo a los niños, niñas y adolescentes de la red Sename”.

El protocolo de ingreso y atención a la salud pública de niños, niñas y adolescentes de la red Sename tiene como principal objetivo contar con un instrumento actualizado que establezca criterios de derivación, atención y priorización en el Servicio de Salud Antofagasta, para todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema residencial o a programas ambulatorios.

En tanto, el protocolo entre el Sename y la Cajta tiene como objetivo el patrocinio judicial a los directores de las residencias de protección para tramitar juicios de alimentos de los niños y niñas que ingresen a esos centros.