Normativas
La acción del Servicio Nacional de Menores en materia de protección, encuentra su marco orientador en los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y en otros cuerpos legales, que definen institucionalmente la voluntad del Estado de otorgar vigencia y operatividad a los derechos de niños/as y adolescentes.
Adicionalmente, y conforme a la función específica del Sename en materia de protección, se orienta a quienes, en el rango de 0 a 18 años, han visto vulnerados sus derechos, se encuentran en situación de riesgo y/o vulnerabilidad y tienen comprometida la plenitud de su desarrollo.
La CDN, de fecha 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado de Chile en 1990, releva a partir del concepto “interés superior del niño” la preocupación por la protección y el cuidado, distinguiendo las que son sus obligaciones específicas y el detalle de los derechos que atañen a la acción del Estado, y que instituyen asimismo la acción del servicio en materia de protección. La convención constituye para el Sename el sustento jurídico y ético de su quehacer.
La Ley de Menores y sus actualizaciones otorgan el marco para la acción del servicio en materia de protección. El detalle de las disposiciones se encuentra en el texto de la Ley 16.618, en lo referido a las causales de protección que conciernen a la conducta de padres y adultos responsables y en lo referido a las instancias de protección.
La Ley de Tribunales de Familia, N° 19.968, del 30 de agosto del 2004, creada como una judicatura especializada, genera un escenario para la mejor realización de las tareas de protección que conciernen al Servicio Nacional de Menores, define sus competencias, la relación de su quehacer en este ámbito, e instruye respecto de las implicancias judiciales de las medidas de protección de los derechos para los niños, niñas y adolescentes.
La Ley de Subvenciones para la atención de niños y niñas a través de su red privada de colaboradores, N° 20.032, constituye el cuerpo legal que especifica y reglamenta la oferta del servicio en las modalidades de intervención, cuya implementación compete a los organismos colaboradores de la red privada. A ellos se transfieren, a través de procesos de licitación pública, recursos que aportan a la ejecución de las líneas de acción contempladas en la Ley 20.032.
El país ha suscrito una serie de otros acuerdos internacionales. Estos han sido recogidos en las orientaciones e instrumentos de política pública, los que tienen injerencia en la acción del Sename en materia de protección.
También se traducen en un esfuerzo por concertar acuerdos con otras instancias de la administración del Estado, de manera de incorporar su contenido.
En el ámbito nacional también se contribuye al “Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2016-2025”. O a la Agenda de Infancia, 2018-2021
En dicho contexto, las principales normas que rigen nuestro quehacer en materia proteccional son:
