Las ceremonias se desarrollaron en el sistema cerrado y medio libre, ampliando las posibilidades de concretar la reinserción de adolescentes que infringieron la ley en la Región de O’Higgins.   

A través de la colaboración del mundo privado y público, jóvenes de justicia juvenil del Servicio Nacional de Menores (Sename) O’Higgins recibieron sus certificados en oficios, lo cual les permitirá abrirse camino hacia el mundo laboral y la reinserción social.

Una de las ceremonias se llevó a cabo en el Centro de Régimen Cerrado (CRC) de Graneros, oportunidad en que, gracias a la capacitación entregada por Inacap Rancagua, se dio el cierre a una serie de cursos ejecutados durante el año que buscan potenciar sus habilidades en distintos oficios.

El director del CRC, Walter Valdebenito, señaló que “con esta última certificación hemos concluido un ciclo de tres capacitaciones en el año 2018, donde hemos contado con el respaldo y experiencia académica de Inacap. Tenemos la convicción de que este proceso formativo ha generado en los jóvenes una oportunidad de mejorar las expectativas de reinserción laboral, y lo valoramos como un espacio real de crecimiento personal”, aseguró Valdebenito.

La segunda ceremonia se llevó a cabo en Rancagua, a través del programa Transferencia al Sector Público del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), donde adolescentes que cumplen sanción en el medio libre adquirieron conocimientos y técnicas para emprender su propio negocio, gracias al curso “Peluquería y Barbería”.

La directora regional (s) del Sename O’Higgins, Bernarda Bolbarán, valoró la gestión que se realiza a través de la Unidad de Justicia Juvenil, destacando el “compromiso de los profesionales que buscan alternativas de capacitaciones que sean de interés para los jóvenes, habilitándolos de herramientas para que inicien una nueva etapa en sus vidas”.

Para el presente año se continuará con el área de capacitación, siendo esta uno de los pilares fundamentales para apoyar la reinserción social y laboral de los adolescentes que infringieron la ley, fortaleciendo las redes de apoyo a través del sector público y privado.