Alejandro Romero, sociólogo, ha trabajado durante 10 años la hipótesis que explica una propuesta enfocada en la vivencia criminal, versus la experiencia de vida de los adolescentes.

Con el objetivo de mejorar los enfoques de intervención y en el marco de la mesa de trabajo de Análisis Especializado para Adolescentes (Anespa), se llevó a cabo la charla denominada “Edad Sociológica”, respecto a los jóvenes que ingresan al sistema penal adolescente, a cargo del sociólogo Alejandro Romero, director del Centro Semicerrado (CSC) de Rancagua.

“Vengo trabajando desde hace 10 años en esta teoría de la edad sociológica, que apunta a expandir la comprensión y el abordaje del mundo infanto-juvenil. Lo que apunta esta hipótesis invita a asumir que los jóvenes, lejos de identificarse con pares de su edad, se identifican en base a sus experiencias de vida”, puntualizó Romero.

Sobre el trabajo que han ido desarrollando en el centro, indicó que “hemos desarrollado actividades formativas generacionales, porque si bien los jóvenes son imputables desde los 14 años, generamos actividades que sabemos les pueden hacer sentido, como la escuela para padres, donde se les dan consejos desde cómo mudar a un bebé o cómo hacer una papilla, asumiendo que muchos de ellos están adelantados en vivencias y los 14 años son netamente referenciales”.

Por su parte, una de las responsables de la mesa de trabajo Anespa, María Carolina Olea, jueza del Tribunal de Familia de Rancagua, sostuvo que “el objetivo de esta instancia es sensibilizar a la comunidad sobre el tema de infractores de ley; nadie hace el razonamiento que el adolescente, muchas veces, pasó por un juzgado de familia y arrastra una serie de vivencias o vulneraciones que se vienen a descubrir en la adultez”. La magistrada concluyó que “estas temáticas se plantean para generar una alerta y que niños en protección sean tratados a tiempo, evitando así que se puedan convertir en posibles infractores de ley”.

Por último, el juez presidente del Tribunal de Garantía de Rancagua, Luis Barría, manifestó que “esto nace de la inquietud de quienes atienden a jóvenes que infringieron la ley, quienes se dieron cuenta que desde el punto de vista penal los jóvenes estaban inmersos en los dos sistemas: justicia y protección. Por lo tanto, la idea es priorizar los pocos medios con los que contamos para hacer más eficaz la intervención de cada uno de ellos”, concluyó el juez.