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26 de Octubre de 2017

Histórico convenio en favor de niños y niñas de la Región del Maule

El hito busca garantizar la reivindicación de sus derechos desde el ámbito judicial, ambulatorio y de salud.

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El convenio dará operatividad al Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección donde, junto a los 11 juzgados de familia de la región, se realizará el seguimiento de 8 mil medidas de protección. Se trata de dictámenes judiciales que tienen por finalidad resguardar los derechos vulnerados de niños y niñas y adolescentes, ya sea a través de la derivación a centros de acogida o bien bajo programas ambulatorios con sus propias familias.

El acuerdo operativo reúne a las seremis de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, Servicio Nacional de Menores (Sename), Servicio de Salud y la Corte de Apelaciones de Talca, y tendrá por objetivo un trabajo colaborativo interinstitucional que aportará mejoras a las medidas aplicadas en favor de la infancia de la jurisdicción. Además, garantizar de manera prioritaria atenciones en salud de los niños y jóvenes que se encuentren en la red Sename.

Moisés Muñoz, presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, comentó que “todo lo que tenga que ver con menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección por juzgados de familia es motivo de preocupación, por lo cual esperamos prontamente sumar a nuevas instituciones a estos acuerdos. El acuerdo operativo en favor de los niños es independiente a cualquier gobierno de turno, la idea es que se siga mejorando y trabajando”, aseguró el magistrado.

Por su parte, Ana Cecilia Retamal, directora regional del Sename, señaló que “se ha dado un gran paso con las instituciones que firman el acuerdo, y en ese sentido estamos trabajando para incluir más servicios significativos en la reparación de los niños y niñas de la región, tales como educación y desarrollo social”.

En tanto, Ana Luisa Vallejos, seremi de Justicia y Derechos Humanos, valoró el pacto suscrito, indicando que “el compromiso del Gobierno es dar prioridad a los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, y es en esa dirección que el poder ejecutivo y judicial trabajaremos en conjunto por lograrlo”.