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¿Cuál es el objetivo del área de protección?

El Departamento de Protección y Restitución de Derechos del Sename tiene como objetivo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es decir, la protección y restitución de sus derechos vulnerados, a través de la intervención y reparación que se otorgan en distintos programas de intervención.

Se trabaja, por ejemplo, en maltrato grave, abuso sexual, explotación sexual, niños/as en situación de calle, consumo habitual de drogas y trabajo infantil, entre otros.
El sistema de protección tiene diversos tipos de programas y residencias a lo largo del país para niños de 0 a menos de 18 años de edad, y funciona a través de residencias y programas ambulatorios.

Tipos de residencias de protección


Organismos Colaboradores: Con subvención económica y supervisión del Sename, son instituciones encargadas del cuidado de niños, niñas y adolescentes que no dependen directamente del servicio, cuyo fin es otorgar un espacio transitorio de protección y reparación psicológica y social a quienes han debido ser separados de su núcleo familiar por orden de un juez de familia, al considerar que su bienestar está en riesgo.


Administración Directa de Sename (Cread): Esta oferta residencial es administrada directamente por Sename. Son programas de atención especializada de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados (menores de 18 años), que requieren de una internación provisoria por ausencia de familia o porque para su protección necesitan estar alejados de ella

Según el sujeto de atención, hay una diferencia entre los centros dada por el rango de edad: para atención de lactantes y pre–escolares (niños y niñas menores de seis años de edad), y para la atención de niños y adolescentes mayores de seis años pero menores de 18 años de edad.


Residencias Familiares: Lo que busca el nuevo modelo de residencias familiares es transformar los centros de protección masivos (Cread) en espacios acogedores con un ambiente hogareño, donde se facilite una atención personalizada, basada en la construcción de vínculos que permitan a los niños y adolescentes sentir la residencia como un espacio emocionalmente seguro.

Tipos de programas ambulatorios

De intervención reparatoria especializada: Para la reparación especializada frente a situaciones de graves vulneraciones de derechos, tales como: situación de calle, consumo abusivo de drogas, maltrato infantil grave, explotación sexual comercial infantil y otras problemáticas que atenten gravemente contra el normal desarrollo del niño, niña o adolescente. El ingreso siempre será por orden de un juez de familia.

De protección: Para la reparación frente a situaciones de vulneraciones de derechos de complejidad, cuyo maltrato no es constitutivo de delito, víctimas o testigos de violencia intrafamiliar o negligencias parentales. El ingreso es a través de solicitudes de organismos de la comunidad y por tribunales de familia, siendo el foco de trabajo la intervención con la familia o con los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes.

De cuidados alternativos: Los programas de Familia de Acogida (FAE) se constituyen en una alternativa familiar transitoria a fin de evitar la internación en una residencia, mientras se habilita a la familia biológica u otra para decidir el cuidado definitivo más apropiado. Esta medida es siempre determinada por un juez de familia, siendo los beneficiarios los niños/as y adolescentes que son recibidos por familias acogedoras, sean extensas (abuelos, tíos, hermanos, etc.) o externas (sin parentesco), preparadas para brindar de forma adecuada los cuidados y crianza provisionalmente. Estas prestaciones están dirigidas además a la  reparación del daño asociado a la vulneración de derechos del niño/a, restituyendo así su derecho a vivir en familia.

Modelo de Diagnóstico Ambulatorio (DAM): Tiene como objetivo evaluar a los niños, niñas y sus familias para determinar la existencia de vulneraciones de derechos y el nivel de estas vulneraciones. También se encarga de evaluar las condiciones de protección de los niños. Este requerimiento está ordenado por un juez de familia o un fiscal.