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MARCO LEGAL Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

El marco legal de este sistema está dado por la ley N° 20.084, promulgada el 28 de Noviembre de 2005, la cual modificó sustancialmente los principios que regían en relación con los jóvenes infractores de ley.

A siete años de su entrada en vigencia (junio 2007), esta legalidad creó un sistema de justicia juvenil especializado, pensado en la reinserción de adolescentes y jóvenes. En su artículo 29, establece como regla general que todos los intervinientes en las causas adolescentes no sólo deben estar capacitados en las competencias propias de esta ley, sino también en otras materias que dan cuenta que el sistema es operado por verdaderos especialistas.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) comenzó, por un lado, con ajustar la normativa penal nacional en la materia a las garantías jurídicas establecidas en la constitución, y por otro, con armonizar el tratamiento de los infractores juveniles a los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Esto ha permitido avanzar, desde la finalidad fundamentalmente punitiva para la población adulta, hacia el fin preventivo especial para los adolescentes. Antes de la entrada en vigencia de la ley 20.084, los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que cometían un delito debían, en primer lugar, someterse a una declaración de discernimiento por parte del Juez de Menores competente. Si el joven era declarado con discernimiento, era juzgado como un adulto; por el contrario, si era declarado sin discernimiento, el propio juez dictaba a su respecto las medidas de protección que estimase necesarias. En resumen, en el primer caso eran tratados por el sistema como adultos, sin atender las particularidades de su desarrollo en esta etapa de vida; en el segundo, eran objeto de medidas de protección impuestas sin sujeción a las normas básicas del debido proceso.

Con la nueva ley, el sistema se centra en los jóvenes entre 14 y 18 años, recogiendo las recomendaciones de la CDN en relación a relevar las características propias de la adolescencia en el abordaje penal. De ahí que todas las sanciones y medidas se orientan a la reinserción social, objetivo que está expresamente descrito por la ley, como principio general y en la forma de ejecutar dichas sanciones.

Se definen las edades en la cual ingresan al sistema, además de establecer la privación de libertad para los delitos más severos y como último recurso sancionatorio; al ser regida por la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley va especificando medidas de acuerdo al rango etario de los jóvenes. Antes, el procedimiento penal era sólo restrictivo, donde no había garantías de derechos; desde su entrada en vigencia, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) comienza a implantar, ante todo, un sistema garantista. Las antiguas medidas de protección o rehabilitación conductual podían tener una duración y contenido indeterminado, surtiendo efecto sólo por un tiempo determinado, lo que en el fondo radicaba en una “pena encubierta”.

Se marcaron cambios esenciales en relación a lo ya existente, esto por reformas como el fin al examen de discernimiento para jóvenes entre 16 y 18 años antes descrito, y la disminución de edad en la responsabilidad penal a partir de los 14. Los imputados de entre 14 y 16 años pueden recibir una pena de 5 años máximo; quienes se encuentran entre los 16 y los 18, admiten sentencias de hasta 10 años. El adolescente se acoge a un plan de intervención que está acordado con el tribunal, donde tiene la obligación de cumplir con ciertos compromisos que apuntan a disminuir la reincidencia y apoyar su reinserción social. Este plan se va ejecutando y controlando, y si el acusado lo va cumpliendo adecuadamente, la sanción que le fue atribuida puede sustituirse por una menos gravosa. Cuando un joven es formalizado, automáticamente quedan establecidos algunos principios de derecho, como la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y a un defensor público proporcionado por el Estado de Chile, entre otros.

Básicamente, con sanciones y normas definidas, se cambia el enfoque de la justicia juvenil desde un sistema coercitivo/punitivo, a uno orientado a la reinserción, responsabilización y rehabilitación social de aquellos que aún no cumplen los 18 años y han quebrantado la ley penal. La comprensión acabada por parte de todos los actores de las particularidades de los adolescentes infractores, del contenido de las sanciones, de los programas disponibles, de los fenómenos sociales asociados y de la adolescencia como fase del desarrollo humano, es absolutamente decisiva; la aplicación de sanciones y medidas idóneas dependen inequívocamente de esta comprensión, para así promover el reconocimiento de derechos e integración a la sociedad de los jóvenes infractores.

Este instrumento se complementa con el decreto 1.378, que corresponde al Reglamento de la ley respectiva, publicado en el Diario Oficial del 25 de abril de 2007.

Adicionalmente, se promulgó la ley N 20.191 -publicada en el Diario Oficial del 2 de junio de 2007- que introduce cambios en la ley 20.084, orientados fundamentalmente a aclarar la aplicación de las penas contenidas en la norma original.

Ley N° 20.084 (Texto refundido)
Reglamento Ley 20.084
 

Historial de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Ley N° 20.084 (Versión Original)
 
Ley N° 20.191 Modifica Ley 20.084
 
Ley N° 20.191 Complementa la promulgación de la Ley 20.191
 

Principios Fundamentales de la Ley N° 20.084

1.- Legalidad: Conforme a este principio, sólo podrán castigarse las conductas expresamente señaladas con las penas establecidas, tanto en el Código Penal como en leyes penales especiales. Esto no resultaba tan claro en el antiguo proceso del discernimiento, ya que, como se dijo, podían imponerse medidas de protección de duración y contenido indeterminado.

2.- Especialización: Los actores que intervengan en las causas adolescentes, deberán estar capacitados en estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta ley (Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial, policías, entre otros).

3.- Reinserción social: Las sanciones, junto con hacer efectiva la responsabilidad del joven infractor, tienen por objeto realizar un trabajo orientado a la reinserción social de los adolescentes infractores.

4.- Interés superior del niño: Se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos en todas las actuaciones penales.

5.– Derecho a defensa: El adolescente tiene derecho a ser asistido por un abogado desde la primera actuación del procedimiento hasta finalizar la ejecución de la sanción.

6.- Proporcionalidad y diversidad de las sanciones: La ley dedica un completo catálogo de sanciones ajustado a la gravedad del hecho y la edad del imputado. La variedad de sanciones y la posibilidad de avanzar progresivamente hacia formas menos severas de sanción, hacen posible materializar la privación de libertad sólo como último recurso.

7.- Legalidad de las medidas cautelares personales: Durante el juicio no se podrá citar, detener ni someter a prisión preventiva, sino en los casos y en las formas permitidas por la ley.

8.- Control jurisdiccional de la sanción: Durante la ejecución de la sanción, serán los jueces de garantía quienes velarán por su efectivo cumplimiento y por el respeto de los derechos del condenado.

9.- Privación de libertad: Se establece como una medida de último recurso, según los artículos 26 y 47 de la LRPA.

10.- Concentración del procedimiento: Se establecen normas que apuntan a una tramitación breve del proceso, ya que se afectan los derechos de un sujeto en formación, al cual un período de tiempo impacta en forma distinta al adulto, tanto en lo emocional como en aspectos clave de su desarrollo (ejemplo: escolaridad).